Antonio exige: “Dejen de usar a mis hijos como escudo”

Antonio, conocido como “El Profe”, denuncia desde prisión una red de corrupción en el Poder Judicial de la Ciudad de México que, asegura, lo mantiene injustamente privado de su libertad. Señala que jueces, fiscales y abogadas actúan en complicidad para violar sus derechos y los de sus hijos, en un proceso plagado de irregularidades y conflictos de interés.

Asegura que su encarcelamiento se basa únicamente en el testimonio de su expareja, Adriana, sin que existan pruebas contundentes. Además, denuncia ser víctima del abuso de la perspectiva de género, una distorsión del principio de equidad que ha llevado a criminalizar a hombres sin fundamentos sólidos.

Lo que más le duele, afirma, es el uso de sus hijos, de 9 y 5 años, a quienes llama cariñosamente “Los Ñoños”, como instrumentos de presión económica.

En lugar de protegerlos, las autoridades los han expuesto a procedimientos invasivos y traumáticos. Antonio señala a los actores clave de esta red: su expareja Adriana; las abogadas Claudia Elena De Buen Unna y Aide González Torres; y varios jueces, entre ellos Juana Erika Ordóñez Salazar, quien decretó la pérdida de la patria potestad sin pruebas, así como Ismael Alcántara Vázquez, Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote, quienes lo vincularon a proceso sin fundamentos jurídicos. También involucra a la magistrada María del Rocío Morales Hernández.

Denuncia un sistema de justicia que opera como negocio, donde cada carpeta tiene precio: 900 mil pesos por violencia familiar, 1.5 millones por abuso sexual, 500 mil por demanda laboral y una pensión impuesta de 200 mil pesos mensuales, proyectada en 7.2 millones.

Advierte que jueces y abogadas tienen vínculos personales y académicos que explican las resoluciones parciales. Incluso existe un dictamen pericial que descarta el abuso, pero ha sido ignorado por la Fiscalía de Violencia Familiar y Abuso Sexual, a la que acusa de actuar como cómplice.

Antonio exige su libertad inmediata, investigación a los funcionarios involucrados, protección para sus hijos y transparencia en el proceso. “Mis hijos no son mercancía. Basta de usar la justicia para destruir familias”, sentencia.