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AbastoNews Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y director general de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas.
Nueva ley que promete digitalizar 80% de trámites gubernamentales, al mismo tiempo pone en riesgo los controles anticorrupción
La iniciativa de ley busca reducir a la mitad los tiempos de gestión y digitalizar el 80% de los trámites, podría afectar la transparencia y la calidad regulatoria al comprometer la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.
Así, es plausible la simplificación, pero sin participación ciudadana ni atención al rezago digital, podrían mantenerse ineficiencias y aumentar la exclusión de algunos grupos de ciudadanos.
No debe olvidarse que actualmente México concentra más del 55% de los ciberataques en América Latina, por lo que la propuesta de simplificación en realidad carece de garantías para proteger los derechos digitales.
Así, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos (LNETB) deberá mejorar su diseño para evitar comprometer la transparencia, calidad regulatoria y seguridad jurídica de ciudadanos y empresas.
En 2023, las MiPymes invirtieron 500 horas anuales en trámites y sólo el 16.2% de estos se realizó en línea, según el organismo México Evalúa en el Índice de Burocracia en Iberoamérica.
Actualmente, la propuesta de ley promete reducir a la mitad los tiempos de gestión y digitalizar el 80% de los trámites mediante herramientas como la “Llave Mx” . También plantea eliminar duplicidades, homologar procesos, brindar un expediente a cada ciudadano y otorgar validez legal a los documentos digitales. En teoría, estos avances permitirían reducir la corrupción y cerrar brechas.
Sin embargo, expertos alertan que, sin rediseñar primero los trámites existentes, la digitalización podría perpetuar procesos ineficientes o incluso perjudiciales. Al respecto, Mariana Campos, directora de México Evalúa, aseguró: “No puedes digitalizar encima de procesos o de trámites que no están bien establecidos, que son redundantes o que tienen vicios.”
El Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) es un mecanismo clave para evaluar la pertinencia de nuevas normas. Por ello, una de las principales preocupaciones es que la ley contempla demasiadas excepciones a la aplicación del AIR incluso en temas sensibles como expropiaciones, fiscalidad o seguridad, de manera que en la práctica es como si se le eliminara.
Hoy 150 mil regulaciones a nivel nacional y más de 300 mil trámites en los tres niveles de gobierno, es un reto enorme. La mejor forma de implementar un proceso de simplificación es hacerlo de la mano con el usuario.